POR UN NUEVO CONSTITUYENTE

En primer lugar hemos de felicitar a los convocantes por la iniciativa y el llamado al debate respecto del futuro de nuestra sociedad. Coincidimos que el régimen político a que se encuentra sometida la nación mexicana no solo ha dado muestras suficientes de discapacidad para garantizar su desarrollo y el arribo al bienestar y al progreso de sus integrantes, sino está llevando a la Nación por la senda de su degradación.

   Del mismo modo, manifestamos a los compañeros electricistas del SME, además de nuestro apoyo solidario e incondicional, nuestro reconocimiento a su firmeza y decisión de lucha; valoramos como un hecho altamente valioso y positivo el que, sin dejar de lado la defensa de su fuente de trabajo y sus derechos laborales, se plantean y nos plantean cada vez más, acciones políticas de masas que lentamente se van transformando en la argamasa que una en un solo torrente humano las luchas de los explotados del país.

   Sin embargo, hemos de establecer, con claridad, las diferencias entre el movimiento social reivindicativo y los planteamientos políticos. Para los luchadores políticos, no basta con que los gobernantes cumplan los compromisos con ciertos individuos, generalmente los dueños de los medios de producción y de la riqueza; ni tampoco que haga promesas a los colectivos sociales, a todas luces insuficientes para resolver los  problemas de fondo, causantes de la grave miseria hoy padecida por nuestro pueblo. Tampoco basta con que los explotados, los marginados, los humillados, los que Fanon designara con trágica plasticidad como los condenados de la tierra, exijan solución a sus necesidades más apremiantes e inmediatas. Se trata de que los gobernantes evaden en forma sistemática, incluso durante las campañas electorales en las cuales las promesas están más que permitidas y afloran a la menor provocación, los problemas de fondo, los que tienen que ver con la generación y distribución de la riqueza, con la soberanía popular, con la dignidad humana y, desde luego, con la formación de gobiernos realmente democráticos y, se trata también, de que los explotados se alcen para terminar de una vez para siempre con la explotación y la miseria que padecemos.

   Cuando, hace ya 162 años, Carlos Marx y Federico Engels escribieron que la historia de la sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, hicieron algo más que señalar un hecho histórico, también establecieron el hilo conductor para analizar de manera científica la realidad social. Por eso mismo hoy asistimos a esta asamblea para plantear desde el punto de vista de la clase más explotada, pero también, la más revolucionaria de la historia: el proletariado, la clase obrera, estas consideraciones acerca del significado e importancia que para los explotados del país tiene el llamado a establecer un nuevo constituyente.

   La sociedad no es producto de un capricho. Es la premisa esencial para la producción y reproducción de la vida humana. El hombre surge a la vida incorporado a una u otra forma de agrupación social y su existencia fuera de la sociedad es, simplemente imposible.

   De igual manera, la vida en sociedad, a partir de la disolución de las comunidades primitivas y el surgimiento de la propiedad privada sobre los medios de producción, con la consecuente división de la sociedad en clases sociales antagónicas, es inconcebible sin la existencia del Estado, pues éste surgió como medio para evitar la disolución de la propia sociedad por las crecientes y cada vez más violentas luchas entre poseedores y desposeídos, y en tanto que las condiciones que le dieron origen subsistan, esto es, mientras haya propiedad privada sobre los medios de producción y la sociedad se halle dividida en clases, el Estado subsistirá, y con él, la explotación económica y la opresión política sobre las clases trabajadoras.

   Aparentemente colocado por encima de la sociedad, el Estado, pese a las diversas formas asumidas a lo largo de la historia, tiene como real función la de mantener la “disciplina laboral” de los productores directos (la mano de obra), es decir, obligar a la parte de la población que carece de medios de producción a laborar en las condiciones que las clases poseedoras les imponen. Pero como donde hay opresión hay resistencia, a lo largo de la historia los explotados se han rebelado en contra de sus explotadores, produciéndose por ello violentos choques que, a la larga han llevado al hundimiento a las viejas sociedades para dar paso a nuevas formas de organización social.

   Consideramos, por lo anterior expuesto, un acierto el plantear la necesidad de un nuevo constituyente.   Así es. Proponernos una nueva forma de organización social exige, en primer término, acabar para siempre con el régimen opresivo y explotador en que vivimos, es, entonces, una propuesta de ruptura y, por ende, de confrontación con el Estado. Tal situación debemos tenerla perfectamente clara a fin de que nadie se llame a engaño y, también, para organizarnos y actuar en consecuencia.

   Planteadas desde esta perspectiva las cosas, debemos proceder a plantearnos cuales son los cambios que nos proponemos a fin de construir una nueva sociedad.

   Es correcto proponernos un nuevo constituyente. Una constitución política expresa en términos jurídicos el proyecto de nación de que se trate, por ende, nosotros, hemos de concebir una nueva constitución en donde concretemos el proyecto de nación a que aspiramos.

   Lo primero que hemos de destacar al respecto es la obligatoriedad de reivindicar la soberanía de los trabajadores, no sólo sobre el Estado, sino en general sobre todos los recursos del país, tanto los recursos naturales como los medios de producción. Veamos un poco más en detalle.

   En la constitución que nos rige en la actualidad, se establece en el artículo 39 que la soberanía reside originalmente en el pueblo, y que éste tiene en todo momento el inalienable derecho de cambiar la forma de su gobierno. Así planteado suena muy democrático, pero si nos detenemos a meditar un poco sobre la congruencia existente entre la letra y la realidad veremos de inmediato las inconsistencias. El postulado constitucional es una formulación abstracta y vacía de contenido, pues por ni en la constitución ni en ninguna otra ley se establecen mecanismos para que el pueblo pueda cambiar la forma de su gobierno. ¿Cómo podemos hablar de soberanía del pueblo, si los ciudadanos no podemos revocarle el mandato a un mal representante?, ¿cómo podemos hablar de soberanía del pueblo, si para echar del poder a un delincuente político como Calderón hemos de confiar en legisladores y magistrados de la Corte que a leguas han demostrado que sólo defienden sus intereses y las de los capitalistas que los encumbraron?, ¿cómo podemos hablar de soberanía del pueblo, si para quitar a un funcionario público, corrupto e inepto, hemos de recurrir a juicios carísimos y farragosos además de batallar con jueces coludidos con esos funcionarios?, en fin, ¿cómo podemos hablar de soberanía del pueblo, si para cambiar la forma de nuestro gobierno sea necesario plantearnos una revolución porque las leyes nos niegan el derecho que en otro lado nos otorgan?, eso no es democracia, es sólo una formulación vacía para crear la ilusión de que vivimos en un régimen democrático que hay que preservar, no importa que infamias se cometan en su nombre, los ejemplos sobran: Tlatelolco, Acteal, El Charco, Atenco y para que seguir con esa larga lista de crímenes y atrocidades.

   La soberanía popular implica la existencia de un nuevo tipo de Estado, en donde a todos los niveles, desde el consejo de vecinos hasta el gobierno nacional, estén sometidos al escrutinio y control populares, donde no haya poderes de facto, como el ejército, o las iglesias, colocados por encima de la ciudadanía, y en donde los malos funcionarios sean separados de sus cargos a petición de los ciudadanos. Queremos un Estado, en donde los partidos  no sean instituciones al margen de sus representados ni vivan del presupuesto público porque al eliminarse las diferencias de clase, no habrá potentados capaces comprarse los partidos que les dé la gana y entonces se elegirán a los representantes en base a sus cualidades y no por las conexiones que tengan ni por los cochupos que hagan, donde los procesos electorales no sean una pesada carga económica para el país y en donde los propios electores se encarguen de todo el proceso de elección, y, consecuentemente, los procesos se desarrollen en paz y de la manera más transparente.  Aspiramos a un Estado en donde “hasta una cocinera pueda dirigir al gobierno” como señalara Lenin y que para ser parte del gobierno basten la capacidad y la honradez de las personas y no se tenga que ser parte de una mafia ladrona y corrupta que sueña con escriturarse el país. Esa es la república que queremos y, estamos convencidos, podemos construir. Y creemos firmemente además que serán los obreros, los campesinos pobres, las comunidades indígenas y los intelectuales progresistas quienes lo harán.

   Debemos acabar para siempre con la discriminación en todas sus formas. Por eso, una nueva constitución debe contemplar la universalización real de los derechos, sin excepciones ni de género, raza, credo, convicciones políticas, edad o preferencias sexuales. En particular se ha de rechazar la desigualdad laboral, política, social y cultural de las mujeres elevando su igualdad con los varones a rango de ley, sobre todo, debe incorporarse activamente a las mujeres a toda actividad económica, política, social, etc., como vía principal de combate a la discriminación y violencias que hoy sufren.

   Un Estado formado, integrado y dirigido por los trabajadores es, a no dudar, muy importante, pero desde luego insuficiente. Los trabajadores de la ciudad y el campo deben destruir el poder de los capitalistas, de los ricos y construir su propio poder, el poder popular. Pero si no utilizan su fuerza política para, al mismo tiempo hacerse del poder económico, el poder popular cojeará y se encontrará en grave riesgo de desaparecer. La historia nos muestra muchos ejemplos de eso: en Guatemala, Nicaragua, Chile y otros lugares, las masas populares desalojaron del poder político a las oligarquías, pero dejaron en sus manos el poder económico, el cual fue utilizado para destruir a los gobiernos populares; por ello, los trabajadores deben destruir también el poder económico de la burguesía.

   Acabar con el poder económico burgués, implica convertir los medios de producción de propiedad privada que son hoy, a propiedad social que deben ser. Por ese motivo, las fábricas, los bancos, las fuentes de materias primas, los transportes, las empresas comerciales, las constructoras, etc., deben pasar a manos de la Nación y poner bajo control obrero no sólo los medios de producción, sino el proceso productivo mismo.

   En el campo, el principio de que “la tierra es de quien la trabaja” debe hacerse realidad. La tierra debe ser entregada a los campesinos que son quienes en verdad la hacen producir, sin embargo, debemos pensar que frente a la pequeña producción individual y semi artesanal, debemos colocar a la producción colectiva, tanto de los grandes complejos agro industriales hoy existentes, como de las empresas colectivas que en el futuro se pudiesen construir, dirigidas, por supuesto, por los propios campesinos quienes han de ser los primeros en beneficiarse con los productos ahí elaborados, todo esto, respetando los derechos de los campesinos que opten por trabajar individualmente su parcela. Pero además debemos pensar en la industrialización del campo como política de Estado, no sólo en lo referente a la producción agropecuaria, sino en la elaboración de multitud de bienes que se requieren en las comunidades campesinas e indígenas y que se pueden producir en ellas; de esta manera, se avanzará en la eliminación de las diferencias entre la ciudad y el campo.

   El ejercicio de la soberanía del pueblo, el ejercicio del poder popular, ha de orientarse a elevar el nivel cultural y de salud del pueblo en general. Por ello, las instituciones educativas, hospitalarias, recreativas, etc., hoy en manos de la iniciativa privada, también han de pasar a ser propiedad de la Nación, esto es, propiedad social, y puestas al servicio de los trabajadores.

   De manera similar ha de procederse con los medios de comunicación, por lo tanto, los trabajadores, en ejercicio de su soberanía, deben tomar en sus manos el control de los periódicos, revistas, estaciones de radio y televisión, así como de los estudios cinematográficos y los teatros, en fin, todo cuanto sirve para difundir la realidad social, para abrirlos a la masa de trabajadores y hacer realidad la libertad de expresión, que hoy es sólo el taparrabos utilizado por los dueños de los medios para ocultar sus políticas monopólicas y de expoliación de la riqueza de nuestra patria para ponerla en manos extranjeras.

   Por último. En una constitución emanada de un poder popular, no puede obviarse la relación de nuestro país con el resto del mundo. México debe basar en el internacionalismo proletario dicha relación, apoyar solidariamente las luchas de los trabajadores de todo el mundo por su liberación. También debe fijar firmemente su independencia y la intención de mantener relaciones de igualdad y respeto con todas las naciones del orbe, y se deben fijar mecanismos para que no se nos ate al carro del imperialismo, tanto norteamericano como europeo, cual hacen los vende patrias que hoy suponen que nos gobiernan.

   Compañeras y compañeros, como pueden ver, no proponemos el texto de una nueva constitución; ni tampoco un programa partidario. Queremos eso sí, plantear las grandes líneas que deben regir la elaboración de un nuevo texto constitucional y, sobre todo, la construcción de una nueva república. Los ponemos a su consideración para discutirlos y complementarlos con sus propias aportaciones.

Frente Educativo Popular Revolucionario, Organización Política Proletaria, Partido Comunista Mexicano  y Partido Comunista Mexicano Regional Valle de México.

República Mexicana, Enero de 2010