RAMÓN AGUIRRE DÍAZ: EL PRIVATIZADOR DEL AGUA

Si las cosas le salen bien a Ramón Aguirre Díaz, la construcción de plantas potabilizadoras, tratamiento de aguas residuales, de los programas de detección y supresión de fugas, además de la instalación de medidores, quedarán en manos de la iniciativa privada nada más por los próximos 15 años; pero eso no significa –según ellos- la privatización de lo que muy pronto significará el negocio más productivo del mundo: el agua. Es imposible adivinar por qué las autoridades del GDF niegan que la participación de dinero privado en las tareas que corresponden al gobierno signifique la privatización de las mismas, y que ello lleve necesariamente al aumento del precio del abastecimiento del líquido. El pretexto es el mismo, y la lógica mata al engaño. Si una empresa que construirá plantas potabilizadoras, atenderá las fugas, y se hará cargo de brindar el servicio, y que para ello deberá realizar inversiones millonarias, no requiere recuperar y tener ganancias del negocio, ¿para qué existe?, se preguntaría uno, y luego en otra reflexión la pregunta salta: ¿qué, dotar de agua a los habitantes de una población no es un derecho humano, y por tanto las autoridades deben de realizar esa tarea?

   Las experiencias en otras partes de la República señalan que a la población no le ha ido muy bien bajo los esquemas privatizadores. Ya en 1993 en Aguascalientes se privatizó el servicio y, el agua más cara del país es la que se paga en aquella entidad. En Saltillo, el manejo del agua potable se inscribió en un sistema mixto, es decir, con dinero privado y del gobierno. La participación gubernamental no sirvió para proteger a los ciudadanos, aunque sí para beneficiar a la empresa. Si bien los acuerdos con los que se inició el proyecto señalaban que el precio del líquido aumentaría sólo en los porcentajes que lo hiciera la inflación, esos acuerdos quedaron muy pronto rotos y hubo quejas de personas a las que se les cortó el servicio por falta de pago. Hace un mes, en Puebla, algunos grupos de habitantes convocaban a una huelga de pagos en contra de la empresa a la que se otorgó el servicio, porque amenazaba con aumentos en las tarifas y porque se les está obligando a comprar nuevos medidores del gasto del líquido, pero además pagar el mantenimiento del aparato.

   Si poner en manos de la IP la gestión del agua en el DF, por los próximos 15 no se le quiere llamar privatización, está bien, llámenle como se quiera, pero es necesario advertir a la población con certeza de que se está hablando de empresas que no ven en el suministro del líquido el derecho que tienen los pobladores de esta ciudad, sino el negocio que les dejará grandes beneficios.

   Lo único que nos falta es que, pasados los años, en la gerencia o más arriba, de la empresa que maneja el líquido esté el nombre de Ramón Aguirre Díaz, el privatizador. 

 Extracto del artículo de Miguel Ángel Velázquez, publicado en La Jornada el 17 de abril de 2014.

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