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7 jul. 2014

Trabajadores enfrentan precarización de las condiciones de su retiro: Gustavo Leal

Periódico La Jornada
Lunes 7 de julio de 2014, p. 39
Los trabajadores mexicanos enfrentan una creciente precarización de las condiciones de su retiro, por las magras pensiones, tanto los que están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Además, para algunos grupos de burócratas una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2010 topó sus pensiones a 10 salarios mínimos.

En un análisis titulado Condiciones para el retiro y el desafío de la longevidad en México, el catedrático e investigador Gustavo Leal Fernández señala lo anterior y sostiene que hoy en día jubilarse significa enfrentar pensiones muy pobres y un horizonte de atención médica, rehabilitación y envejecimiento incierto.

En el extenso análisis, publicado por el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, expone que el actual modelo de las Afore o capitalización individual representa un riesgo patente que no proveerá pensiones dignas. Esto es porque no está vinculado adecuadamente el sistema de ahorro con la realidad del empleo que incluye trabajadores que ganan poco, pueden aportar poco y por ello no alcanzan una pensión digna.

Así, el incremento de la población en edad de retiro acontece en un contexto de creciente precarización de sus condiciones económicas y de vida, además por una virtual inexistencia de servicios geriátricos en el país.

En la publicación Estudios Políticos número 31 de enero-abril del 2014 de dicho Centro, Leal Fernández plantea que esta situación se da a pesar de las promesas de las múltiples reformas que se hicieron a las leyes del IMSS, del Issste, de los sistemas de salud, que, sin embargo, no resolvieron el problema de fondo porque los sistemas federales de pensiones, que tienen un costo de 247 mil 500 millones de pesos anuales, no se aplicaron reformas para fondear dichos sistemas ni mejoraron la atención a los trabajadores.

Explica que incluso un director del IMSS, Daniel Karam, estimó que 71 por ciento de los trabajadores que se jubilen en 2021 recibirá una pensión equivalente a 2 mil 179 pesos de hoy, ya que esta cifra equivaldrá a 25 por ciento de su último salario.

Según sostiene, el año 2021 es clave, porque se empezarán a jubilar las generaciones derivadas de la reforma al IMSS de 1997, que llevó a cabo Ernesto Zedillo y pone como ejemplo que un trabajador con 30 años de cotización que gana 44 mil 850 pesos mensuales y con aumento salarial de 3.7 por ciento promedio, alcanzaría 13 mil 800 pesos de pensión y uno con uno o menos salario mínimo, tendría 934 pesos mensuales de pensión.

El experto señala que las pensiones del Issste están topadas en 10 salarios mínimos del Distrito Federal –aproximadamente 18 mil pesos mensuales– para los trabajadores amparados en el artículo décimo transitorio de la nueva ley del Issste, que reformó Felipe Calderón en 2007.

Esto no sucederá a los burócratas que colocaron sus recursos pensionarios en el Pensionissste y los de nuevo ingreso, afiliados a este sistema forzosamente, para los cuales su pensión se regirá por la rentabilidad de sus cuentas individuales.

Al respecto añade que no se ha tomado en cuenta que la densidad de las cotizaciones está marcada por la precariedad laboral, los bajos sueldos, el empleo informal y los periodos de desempleo que impiden a los trabajadores cumplimentar los aportes indispensables para alcanzar una pensión decente.

Advierte que es pobre la afiliación de los jóvenes a las Afores, porque hay una baja incorporación al mercado laboral formal de este grupo de trabajadores tanto al IMSS como al Issste.

En su investigación cita al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Marco Antonio García Ayala, quien expuso que miles de médicos, enfermeras y personal que fue contratado para atender el Seguro Popular carecen de seguridad social, no son incorporados a la nueva ley del Issste y los términos de su contratación no les garantizan tiempos de cotización para pensionarse o para tener prestaciones de vivienda y de salud.

Así, la propuesta de reforma para instaurar un sistema de seguridad social universal que impulsa el gobierno no es posible mientras los sistemas de salud no garanticen a trabajadores formales e informales, condiciones de atención oportuna.

Fuente: La Jornada

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