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25 jul. 2014

Policías y criminales extorsionan a 85% de migrantes a su paso por Centroamérica

Periódico La Jornada
Viernes 25 de julio de 2014, p. 9
El 85 por ciento de los migrantes que entran al país sin documentos han sufrido en su paso por Centroamérica extorsiones o violaciones a sus derechos humanos por parte de la delincuencia o elementos policiacos, calculó Tomás González, director del refugio La 72.

Al participar en el seminario La satisfacción de los derechos humanos de colectivos en situación de vulnerabilidad, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, el fraile también destacó con base en los registros que tiene el albergue, que de cada 100 indocumentados que llegan al país, 20 son niños y 30 son mujeres.

En el panel sobre Estancias migratorias y violaciones a los derechos humanos, expuso que los migrantes sufren vejaciones tanto en su traslado por Centroamérica como por México. Seguimos en una realidad extremadamente peligrosa, puntualizó al explicar que por esa razón la organización a su cargo ha pasado de ser una casa de asistencia humanitaria a una de cotidiana denuncia.

A manera de ejemplo, señaló que delincuentes y policías exigen cuotas a los viajeros para poder salir de Honduras o Guatemala, y una vez en México también son objeto de extorsiones o asaltos. Tan sólo en Tabasco se les cobran cuotas de 300 a 400 quetzales por atravesar un río y para subir al tren llamado La bestia, igualmente se les requieren cuotas de 100 dólares por determinado tramo recorrido. Es un despellejadero, subrayó.

Tomás González cuestionó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no haya admitido todas las pruebas que se le han presentado para documentar violaciones que cometen autoridades en colusión con la delincuencia organizada, contra los garantías de los indocumentados.

Agregó que continuamente se anuncia la profesionalización y depuración del Instituto Nacional de Migración, pero la realidad es otra.

Por su lado, Diana Martínez, de la organización Sin Fronteras, advirtió que a raíz del Programa para la Frontera Sur se pretende deportar a los niños migrantes sin analizar sus casos y sin revisar si al regresar a sus países de origen volverán a enfrentar violencia u otros problemas.

Fuente La Jornada


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