Periódico La Jornada
Viernes 2 de enero de 2015, p. 23
Una petición desesperada para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) intervenga a fin de evitar un enfrentamiento y se libere a unos 70 comuneros de la comunidad nahua de Zacualpan, Colima –incluido el comisariado, Taurino Rincón Lorenzo–, retenidos por personas que se apoderaron ilegalmente del manantial y el parque ecoturístico Ojo de Agua, hicieron ayer Valbina Peña, del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (Cipdtz) y Esperanza Salazar, de la organización civil Bios Iguana.
Indicaron que los invasores están protegidos por la policía estatal y tienen el apoyo de la administración de Colima, que encabeza el priísta Mario Anguiano Moreno, cuyo secretario de Gobierno, Rogelio Rueda, argumentó en tres reuniones con indígenas que es un conflicto intercomunitario y deberán solucionarlo entre ellos. Detallaron que la mayoría de la comunidad se opone a la instalación de una mina de oro, por lo que destituyó al anterior comisariado, Carlos Guzmán, que apoyaba a la minera, igual que el gobierno estatal y la delegada de la Procuraduría Agraria (PA) en Colima, María Elena Díaz.
Peña mencionó que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Roberto Chapula, acudió el 31 de diciembre a la comunidad y respaldó al grupo de Guzmán. Aseveró que los policías apoyan a esta facción. Cuando nos agreden no hacen nada, pero si contestamos nos detienen. Parece que están esperando que haya un enfrentamiento para refundirnos en la cárcel, señaló.
Se reportó que en el bloqueo del camino al manantial y la retención del comisariado y otros 70 comuneros participan las patrullas 108 de la policía preventiva, y 1427, 1401 y 2202 de la estatal.
Salazar recordó que en marzo de 2013 presentaron una queja ante la CNDH por las agresiones contra integrantes del Cipdtz y de Bios Iguana por los partidarios de la mina de oro, sin que se hiciera algo.
El Cipdtz y el comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena de Zacualpan informaron que el pasado 28 de diciembre se acordó en asamblea la entrega del manantial Ojo de Agua por el magistrado titular del tribunal unitario agrario 38, con sede en la ciudad de Colima, de acuerdo con la sentencia ejecutoria del expediente 81/2014.
Indicaron que la funcionaria judicial federal designada por el tribunal agrario dio fe de que personas extrañas y no autorizadas se introdujeron ilegalmente al manantial, solapadas por la policía estatal.
El 30 de diciembre el comisariado entró a Ojo de Agua acompañado de unos 70 comuneros y miembros del consejo indígena, a quienes el grupo ligado a Carlos Guzmán y policías estatales cerraron el camino, e impiden llevarles alimentos.
Con estas acciones, de nueva cuenta se pone de manifiesto que el gobierno del estado está en contubernio con el grupo que promueve la mina y desde hace meses agrede y desestabiliza la comunidad de Zacualpan; asimismo se reiteran el hostigamiento y la actuación amañada y violatoria de los derechos humanos de los cuerpos policiacos hacia los integrantes del consejo indígena y las autoridades comunales electas democráticamente por el pueblo de Zacualpan afirmaron.
Fuente: La Jornada
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