Aplicará el Infonavit el modelo de cobranza social

El pleno del Senado aprobó que el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) instaure el modelo de cobranza social para apoyar a los asalariados que en algún momento de la historia de su crédito se ven imposibilitados de seguir pagando con puntualidad sus hipotecas, ya sea por pérdida involuntaria de su empleo, paro técnico –laboral– o por la disminución de sus ingresos.

Con ello, abundó, se evitará a las familias estar en la zozobra por un desalojo o que se venda la cartera vencida y pierdan sus casas.

En la minuta se resalta que esa disposición, adicionada a la Ley del Infonavit, permitirá brindar opciones que ayuden a los acreditados a conservar su patrimonio sin menoscabo de la recuperación de los créditos que se hubiesen otorgado.

Las comisiones dictaminadoras coinciden en que el propósito fundamental de la minuta es garantizar a los trabajadores esquemas justos y dignos cuando se vean en la necesidad de replantear sus créditos de vivienda, logrando con ello alcanzar el bienestar social que subyace en el derecho a la vivienda, consagrado en el artículo 4 de la Constitución.

De igual forma, las comisiones dictaminadoras consideraron que resulta adecuado ubicar la modificación en el artículo 71 de la ley del instituto y no en el artículo 51 bis, como originalmente se planteó en la iniciativa.

En el pleno, el senador Francisco Salvador López Brito, del Partido Acción Nacional, resaltó que con la instrumentación del modelo de cobranza social ganan las familias y el Infonavit, y se garantiza el precepto social de vivienda decorosa.

Por su parte, la senadora María Elena Barrera subrayó que la minuta tiene como propósito plasmar en el cuerpo normativo que regula al instituto el modelo de cobranza social existente en la práctica, para estar en posibilidad de garantizar a los trabajadores esquemas justos y dignos cuando se vean en la necesidad de replantear sus créditos de vivienda, logrando con ello alcanzar el disfrute del precepto constitucional que establece el derecho a una vivienda digna y decorosa.

Fuente: La Jornada