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2 ene. 2015

Incumple el gobierno de Guerrero su palabra de liberar en 2014 a Nestora Salgado

Periódico La Jornada
Viernes 2 de enero de 2015, p. 5
El gobierno de Guerrero no cumplió con su compromiso de desistirse de las acusaciones contra Nestora Salgado durante 2014, pero ofreció que a más tardar el lunes definirá la fecha en que la ex coordinadora de la policía comunitaria de Olinalá dejará la cárcel de Nayarit, donde permanece desde hace 16 meses.

El diputado Roberto López Suárez (PRD), integrante de la Comisión de Derechos Humanos, informó que el 31 de diciembre se comunicó con el secretario de Gobierno del estado, David Cienfuegos Salgado, para preguntar si ya se había cumplido el trámite para la liberación de la luchadora social.

Me dijo que el gobierno no se había desistido en el plazo ofrecido, esto es el último día de 2014, con el argumento de que habían surgido algunos inconvenientes, explicó el legislador.

Cuestionado respecto de si el funcionario había aclarado qué tipo de inconvenientes frenaron la liberación de Nestora Salgado, señaló que Cienfuegos Salgado no precisó esa información.

Aunque yo considero que se trata de personajes que aún tienen influencia en la fiscalía del Estado, vinculados al ex procurador Iñaki Blanco. Ellos han puesto trabas para el procedimiento legal, sostuvo.

López Suárez señaló que el titular de Gobierno de Guerrero aclaró que la administración de Rogelio Ortega Martínez cumplirá con dar trámite al procedimiento legal que permita la salida de prisión de Salgado.

Se desistirán de la acusación de 48 secuestros

En la conversación telefónica quedamos en que en estos días, a más tardar el lunes, se precisarían los tiempos para que el gobierno del estado se desista de los cargos contra ella, como ya lo hizo el gobierno federal, declaró.

Nestora Salgado fue encarcelada en el penal de máxima seguridad de Nayarit el 21 de agosto de 2013, acusada de 48 secuestros, incluido el de un agente del Ministerio Público de Guerrero que se encuentra entre sus acusadores.

“Estoy seguro que entre los ‘inconvenientes’ está la resistencia de regidores y el ministerio público detenidos por la policía comunitaria, vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Así que el proceso está bajo presiones políticas de esa institución”, indicó el legislador.

Fuente: La  Jornada

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