MONERÍAS

TLATLAYA: 

LA BARBARIE CASTRENSE

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos llamaron a las autoridades a transparentar toda la información sobre las circunstancias en que murió una veintena de personas en Tlatlaya, estado de México, luego de que algunos medios informaron que hay evidencias de que elementos del Ejército las fusiló.

En un comunicado conjunto, las organizaciones recordaron que la agencia de noticias Associated Press (Ap) dio a conocer información según la cual hay indicios de que los uniformados colocaron a 22 presuntos delincuentes en un paredón improvisado en una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, y abrieron fuego contra ellos.

Unos días después de que se publicó el reportaje de Ap –retomado por medios como el diario The Washington Post–, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alejandro Gómez Sánchez, rechazó que la muerte de las personas el 30 de junio pasado se haya tratado de un fusilamiento.

Más bien, aseguró el funcionario, fue un choque entre presuntos integrantes de una banda delictiva originaria de Guerrero, llamada Guerreros del Sur, e integrantes de la 22 Zona Militar.

No obstante, un observador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tuvo oportunidad de inspeccionar la bodega antes de que las autoridades estatales la cerraran y no halló indicios de las balas que deberían haber dejado soldados que dispararon armas automáticas a distancia, ni tampoco señales de disparos efectuados desde el interior.

          Estos atroces hechos –que parecieran configurarse como ejecución extrajudicial– “se enmarcan en el patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas a partir de la militarización del país en el contexto de la ‘guerra contra el narcotráfico’, que cerró 2013 con 212 mil 208 efectivos militares desplegados en el territorio mexicano”, afirmaron los colectivos.

Ambas organizaciones enfatizaron que las autoridades tienen la obligación de esclarecer los hechos e iniciar investigaciones inmediatas, independientes e imparciales, por lo que exhortaron al gobierno de la República a que haga pública la información del caso.

Asimismo, exigieron que la Procuraduría General de la República inicie de inmediato investigaciones penales para sancionar a los responsables del presunto fusilamiento y anunciaron que han enviado una solicitud de información para conocer el dictamen de la PGJEM sobre los hechos, el cual debe ser de carácter público.

En la nota de Ap se recuerda que la versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre el caso fue que los soldados estaban patrullando la zona cuando fueron atacados por un grupo de 21 hombres y una mujer, por lo que abrieron fuego para defenderse.

Sin embargo, la agencia cita también al analista en seguridad Alejandro Hope, ex funcionario durante el gobierno de Felipe Calderón, quien dijo que genera sospechas el simple hecho de que hubo 22 muertos en un lado y sólo un herido en el otro”.

La agencia de noticias recordó en su nota que las reglas del Ejército mexicano le permiten a sus efectivos disparar contra civiles armados sólo si éstos los atacan primero, pero manifestó que “mucho más comunes en los últimos tiempos son los casos en los que los soldados dicen que fueron atacados y sólo los atacantes murieron”.

Artículo in formativo de Fernando Camacho Servín

publicado en el diario La Jornada el 25/07/2014