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2 abr. 2015

La STPS avala abusos al aprobar contratos de protección: CIOAC

La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) señaló que la situación que viven los jornaleros de todo el país, en especial en el Valle de San Quintín, Baja California, es producto de la complicidad entre autoridades laborales de los gobiernos federal y locales con los empresarios y las centrales que tienen contratos de protección.

Federico Ovalle Vaquera dijo a La Jornada que hace algunos años la CIOAC intentó ayudar a la organización sindical de los jornaleros del valle de San Quintín, pero las autoridades laborales no permitieron la creación de un gremio independiente.

Afirmó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha avalado los abusos contra los jornaleros al dar el visto bueno a contratos colectivos de trabajo de protección de centrales como las confederaciones de Trabajadores de México (CTM) y Regional Obrera Mexicana (CROM).

Señaló el gobierno no debe sorprenderse de los abusos contra los jornaleros rarámuris ni del movimiento iniciado en San Quintín, porque por omisión y complicidad se dieron esos excesos.

Apuntó que lo sucedido en el valle de San Quintín es una muestra de las condiciones en que viven los jornaleros agrícolas en el país, y prueba de ello es lo sucedido en Comondú, Baja California Sur, donde 200 tarahumaras vivían en chozas de hule y pisos de tierra, y lo de los 49 jornaleros de Colima que están en las mismas condiciones.

En tanto, Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), señaló que debe promoverse la “sindicalización independiente de los jornaleros y modificar la LFT en cuanto al registro de sindicatos para que los jornaleros no estén encadenados a organizaciones charras de la CTM, la CROC y la Confederación Nacional Campesina”.

Lo que sucede en San Quintín, agregó, es producto del abandono de responsabilidades del Estado en cuanto a protección de derechos humanos y laborales de uno de los sectores más vulnerables, con la complicidad de la STPS y los gobiernos locales.

Fuente: La Jornada

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