SANTA CRUZ, Son. (apro).- Desde hace dos años la minera La Parreña S.A. de C.V., propiedad de grupo Peñoles S.A., descarga los excedentes de sulfato de cobre sobre el arroyo Milpillas, afluente de la presa del Comaquito, donde abrevan 35 mil cabezas de ganado y del cual sale el agua para distribuirla a lo largo y ancho de mil 900 hectáreas de producción agrícola.
Los desechos mineros tornan de color turquesa el arroyo Milpillas a lo largo de 8.5 kilómetros sobre el ejido Miguel Hidalgo, municipio de Santa Cruz; deja a su paso un bosque de árboles secos y caudales que llevan el mensaje de muerte.
El ejido Miguel Hidalgo, de una extensión superior a las 43 mil hectáreas, se encuentra a 279 kilómetros al noreste de la capital del estado; a unos 37 kilómetros al suroeste de Cananea y a 47.8 kilómetros de Santa Cruz, la cabecera municipal.
Guadalupe Rivera, ejidatario de Milpillas, denuncia que desde hace 24 meses la mina inició la contaminación del arroyo con pequeñas descargas sin que hasta ahora se detenga.
“Antes anidaba el guajolote silvestre y ahora ya no lo vemos; el pescadito de río hace mucho que desapareció, y el mapache se ve cada vez menos”, lamenta.
El afectado relata que al principio de la contaminación colectó una docena de peces muertos y los llevó hasta las instalaciones para advertir de las descargas y sólo enviaron a un “encargado” de ecología para que tomara algunas muestras al cauce.
“Uno nota que el ganado no desarrolla y la siembra tampoco; este año decidí no sembrar porque voy a echar a perder la tierra al regarlas con el agua que tiene altas concentraciones de cobre; si sigo sembrando las echo a perder en dos o tres años”, advierte.
Prosigue:
“No vamos a producir el dinero que ellos tienen para sus transas. No vamos a generar lo que genera una mina en sí, pero el agua hace falta para la zona; ellos sacan tantísimo dinero para que la controlen, la neutralicen y la manden otra vez a su cauce”.
El arroyo Milpillas baja hasta el municipio de Ímuris donde se convierte en afluente del Arivavi que ingresa a la presa del Comaquito, con una capacidad de almacenamiento de 31.2 millones de metros cúbicos.
De allí fluye por los ríos Bambuto y Magdalena, una zona de alta actividad agropecuaria en la región centro y norte de Sonora donde se siembra sorgo, maíz, frijol y hortaliza, rye grass, cebada, alfalfa y frutales.
De los ríos antes mencionados, el agua se precipita hacia el noroeste a una comunidad llamada Desemboque, donde la cuenca se convierte en delta con el Mar de Cortés, perteneciente al Océano Pacífico.
El investigador de la Universidad de Sonora, Jaime Varela Salazar, explica que una continua exposición al sulfato de cobre “desnaturaliza” las enzimas, cambiando “las formas y los centros activos” del metabolismo de las personas, de las plantas y los animales.
“Las industrias mineras deben funcionar con el mínimo riesgo posible para proteger el medio ambiente, pero más que nada proteger a las personas, debe hacerse una revisión integral tanto normativa y en el campo de trabajo”, explica.
El también catedrático de Ingeniería Química y Metalurgia sugiere que para evitar la contaminación minera en Sonora dicha industria debe auxiliarse de la toxicología ambiental o de las estrategias de desarrollo sustentable, a fin de que la extracción de minerales se convierta en una actividad productiva dentro de un riesgo manejable.
La minera Parreña S.A. de C.V., Unidad Milpillas, propiedad de Peñoles S.A., se ubica en un predio de 800 hectáreas y emplea a más de mil trabajadores. Produce unas 25 mil toneladas de láminas de cobre catódico por el método de lixiviación de montones con ácido sulfúrico.
Peñoles S.A. es el corporativo del magnate Alberto Bailléres, quien opera en cuatro divisiones de negocio: agropecuaria, comercial, industrial y financiera, con presencia en México, Estados Unidos y América Latina.
El llamado “Rey Midas” Bailléres se convirtió el pasado 25 de febrero en el primer propietario de un pozo petrolero, como parte de una de las tantas bondades empresariales de la reforma energética, en donde se tiene estimada una inversión inicial de 12.6 mil millones de dólares y hacia 2018, la proyección es de 50.5 mil millones de dólares.
Ignorancia institucional
Con respecto a la contaminación sistemática del arroyo Milpillas, el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Jorge Carlos Flores Monge, dijo desconocer esta irregularidad y prometió enviar inspectores a la zona.
“No hay un reporte sobre esto, de todas maneras voy a checar cuándo fue la última vez que estuvimos ahí; ahorita con lo que se me informe ya vería y mandaría a inspeccionar”, concluye.
Fuente: Proceso
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