EDITORIAL

Pese al triunfalismo oficial la situación económica, política y social del país no mejora y, en muchos aspectos, tiende a empeorar. En los tres órdenes de gobierno hay preocupación latente por cómo enfrentar los momentos cruciales que se viven.

La parafernalia grandilocuente empleada en los diferentes niveles de la administración pública, ya federal, ya estatal, o municipal, se estrella repetidamente contra la terca realidad, lo cual evidencia su incapacidad y/o negativa a encarar debidamente la difícil situación.

Más aún, los mensajes de desinterés por satisfacer las necesidades populares y su entreguismo a los reclamos del gran capital local y externo, especialmente el norteamericano, ponen de manifiesto la verdadera vocación de un Estado omiso.

Ejemplo de ello es la tolerancia con que se trata a los gobernadores que violentan el estado de derecho, que tuercen las leyes para así satisfacer sus bastardas ambiciones políticas y pecuniarias y, como añadido indispensable, recurren a la represión, el encarcelamiento, la desaparición forzada y los homicidios para contener los justificados reclamos de grupos sociales lastimados, vulnerados, excluidos. 

La finalidad última es garantizar a los inversionistas privados, a los dueños del capital, la seguridad de sus inversiones y la obtención de estratosféricas ganancias; no importando que violen la constitución, que destruyan el medio ambiente y los ecosistemas, que pongan en peligro eminente la seguridad y pervivencia de comunidades enteras.

A partir de esta perspectiva, el llamado fortalecimiento del Estado es la justificación para crear sofisticados cuerpos represivos como la “Gendarmería Nacional”, de controvertida patente colombiana, cuya misión primordial es salvaguardar el orden establecido, dicho de otra forma: perpetuar la explotación del hombre por el hombre mismo, la obtención desmedida de plusvalía, la preeminencia del individualismo sobre lo colectivo, la concentración de la riqueza social en un cada vez más reducido número de familias .

Paralelo a lo anterior, y no puede ser de otra forma, se procede a una acelerada adecuación de leyes y ordenamientos jurídicos para ubicar a la ciudadanía en una situación de indefensión legal absoluta. Tales adecuaciones conllevan a garantizar el despojo y criminalizar todo intento de oposición a ello. 

¿Hasta cuándo podrá contenerse la presión?

FRATERNALMENTE

Organización Política Proletaria

OPP