La activista por los derechos de la mujer Bárbara Varela Rosales fue asaltada, secuestrada y violada, y en vez de recibir protección de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guanajuato, ésta la acusó de haber consentido el ataque sexual.
Pareciera que a las autoridades de Guanajuato no les importa lo que nos sucede a las mujeres; somos golpeadas, violadas y asesinadas impunemente, reprochó en entrevista colectiva.
Varela Rosales, diseñadora gráfica de 38 años de edad y madre de dos hijas, vive desde hace 24 años en Celaya, ciudad de altos niveles de incidencia delictiva. El 4 de abril un sujeto con una navaja me secuestró y no sólo tomó el dinero que llevaba, sino también me violó en dos ocasiones, recordó.
Detalló que cuando sus hijas, de ocho y 13 años de edad, subieron a su vehículo, el agresor aprovechó para asaltarla. Las menores pudieron huir. Cuando se disponía a comunicarse con mi familia para pedir dinero, se descuidó y pude escapar con mi coche, narró.
A seis cuadras, la activista encontró una patrulla de policía, a cuyos tripulantes contó lo ocurrido, pero los agentes cuestionaron si yo tenía novio o amante, o si yo había montado todo eso.
En el Ministerio Público, una funcionaria puso en duda la denuncia e incluso la acusó de abandonar a sus hijas para irse a tener relaciones sexuales.
Presentó una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado, pero le pidieron volver a la procuraduría estatal a pedir los datos de la funcionaria que la había desacreditado.
En tanto, el médico Mario Tovar Marín, quien labora en el entro de salud de la colonia irregular Tres Reyes de Cancún, Quintana Roo, fue detenido acusado de violar a una mujer de 21 años.
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