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Organización  Política  Proletaria OPP

3 dic. 2013

Condenan criminalización de la lucha social y exigen liberar a 13 miembros de la CRAC-PC

Poco más de 5 mil personas marcharon este lunes en Chilpancingo, Guerrero, en el contexto del 39 aniversario de la muerte de Lucio Cabañas Barrientos, condenaron la criminalización de la lucha social por el gobierno estatal perredista de Ángel Aguirre y exigieron la libertad de 13 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Ciudadana (CRAC-PC), presos en distintos penales de la entidad y del país.

Los contingentes partieron del centro de la ciudad rumbo al Congreso local y al palacio de gobierno, donde realizaron un mitin en el cual el consejero de la CRAC-PC, Rufino García, informó que el promotor de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos, fue trasladado al penal federal de máxima seguridad de Nayarit, luego de ser detenido el domingo en Chilpancingo. No vamos a bajar la guardia hasta lograr la libertad de los 13 compañeros policías comunitarios, advirtió.

Comentó que Campos se halla en el mismo penal donde está Nestora Salgado, coordinadora de (la CRAC-PC en el municipio de) Olinalá. Al compañero lo acusan de secuestro, pero los delincuentes son los que lo acusan; advertimos al gobernador que no vamos a bajar la guardia, no vamos a tener miedo ni vamos a detener la lucha en los ocho municipios donde tenemos presencia.

Por su parte, Minervino Morán, vocero de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación y dirigente del Movimiento Popular de Guerrero, acusó al gobierno de Ángel Aguirre “de represor e impulsor de la criminalización de la lucha social”.

Indicó que las demandas centrales de las organizaciones sociales de Guerrero son el derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, a la seguridad, y contra las reformas neoliberales, además del esclarecimiento del asesinato de los dirigentes sociales, y el castigo a los responsables, además de la presentación de los desaparecidos, y la libertad de los presos políticos de la CRAC-PC, y la cancelación de las órdenes de aprehensión.

Acotó que también se demanda que en Guerrero no se apliquen las reformas que promueve la Federación, principalmente la educativa, y las mineras, así como el respeto a la autonomía de los pueblos que practican la justicia y la seguridad comunitaria.

Agregó: Exigimos, no obstante que ni quisiéramos dialogar con el gobernador, que se instale una mesa de diálogo, pero con la advertencia de que si hay un detenido más, un otro asesinato, no habrá diálogo con este gobierno. Se va a exponer un formato con los puntos a tratar, para ver si realmente el gobernador tiene disposición de solucionar la problemática social.

A su vez, Felipe Flores, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), se refirió a la insistencia del gobierno federal de impulsar la construcción de la presa La Parota, y advirtió al presidente Enrique Peña que de aquí en adelante ningún gobierno va a decidir por el pueblo.

Mientras, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Iñaki Blanco, informó en Acapulco que el promotor de la CRAC-PC Arturo Campos fue aprehendido por secuestro, acusación similar a la hecha contra otro dirigente de la corporación, Gonzalo Molina, arrestado el 6 de noviembre pasado.

Blanco aseguró que víctimas de secuestro ofrecieron declaraciones libres y espontáneas en contra de Campos después de permanecer detenidas en la Casa de Justicia de Paraíso, municipio de Ayutla, en meses anteriores, además de que la detención se sustenta en declaraciones de integrantes de la policía comunitaria.

Fuente: La Jornada

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