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7 may. 2013


Militares detienen a cuatro policías comunitarios en Guerrero... 
Foto: José Luis de la Cruz
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Una vez que no se acreditaron los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la PGR dejó en libertad, “con las reservas de ley”, a seis integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), quienes fueron detenidos el lunes 6 por fuerzas federales en Acapulco, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales.

Por la tarde, agentes federales y estatales detuvieron con violencia a una treintena de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes realizaban “boteos” sobre la carretera federal México-Acapulco, a la altura del crucero de Casa Verde, entre los poblados de Zumpango y Mezcala.

La acción policiaca provocó la reactivación de las acciones de integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG), quienes cerca de las 21:00 horas se movilizaron desde el campamento que mantiene el magisterio disidente al oriente de esta capital hacia la sede de la Procuraduría estatal, inmueble que se encuentra resguardado por al menos 300 policías estatales con equipo antimotín.

Hasta el cierre de edición, integrantes del magisterio disidente y normalistas se mantenían en el lugar en demanda de la liberación de los estudiantes, quienes fueron puestos a disposición de autoridades ministeriales estatales.

Cuando este reportero arribó al punto donde fueron detenidos los normalistas de Ayotzinapa, un estudiante que alcanzó a esconderse entre los montes narró, visiblemente asustado, que los policías federales los agredieron a golpes y dispararon sus armas para que no escaparan.

El normalista detalló que cerca de una treintena de estudiantes había acudido al lugar a bordo de un autobús con el objetivo de recolectar fondos para el festejo del Día de las Madres, que celebrarán este viernes 10.

Enseguida arribó al tramo carretero un centenar de policías federales y estatales, quienes arremetieron contra los normalistas y se llevaron a por lo menos 25 de ellos, mientras que otros cinco jóvenes alcanzaron a escapar corriendo hacia los cerros.

Mientras que al mediodía, soldados desarmaron y mantuvieron retenidos por unos momentos a cuatro policías comunitarios del poblado indígena de Acatempa, municipio de Tixtla de Guerrero, cuando se disponían a realizar una protesta por la detención de los seis integrantes de la CRAC ayer en Acapulco.

No obstante, los soldados decidieron regresar las armas a los policías comunitarios: dos escopetas calibre 20, y retirarse del lugar cuando acudió al sitio medio centenar de sus compañeros, también armados con rifles y escopetas, así como estudiantes de Ayotzinapa.

Este incidente no pasó a mayores, y los policías comunitarios de Tixtla junto a los estudiantes de Ayotzinapa estuvieron repartiendo volantes entre los automovilistas que circulan sobre el punto conocido como el Crucero a Apango y la carretera que conecta los municipios de Chilapa, Tixtla y Chilpancingo.

Más tarde, en Acapulco, se informó que los seis integrantes de la CRAC habían sido liberados por el MP Federal adscrito a la delegación de la PGR en el puerto.

Lo anterior después de que las autoridades ministeriales no pudieron acreditar el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, luego de que ayer los policías comunitarios fueron detenidos por infantes de Marina, soldados y agentes federales en la zona Diamante, cuando ingresaban al puerto resguardando a un menor de edad vinculado en un caso de venta de droga y abuso sexual.

Al respecto, la CRAC emitió un comunicado, avalado por los dirigentes de las casas de justicia de San Luis Acatlán y Zitlaltepec, excepto los de El Paraíso, en el que anunció el rompimiento de acuerdos con el gobierno estatal.

La CRAC responsabilizó al mandatario Ángel Aguirre y a la subsecretaria para Asuntos Políticos de la Secretaría de Gobierno estatal, Rosana Mora Patiño, de la detención de los policías comunitarios, comandantes y coordinadores regionales.

Además, calificó la detención de sus dirigentes como una agresión en contra del sistema comunitario de justicia, seguridad y reeducación impulsado por habitantes indígenas de las regiones Montaña y Costa Chica, quienes desde 1995 decidieron crear la policía comunitaria para enfrentar a la delincuencia.

Previamente, Vidulfo Rosales había informado que los seis integrantes de la CRAC serían consignados al penal de Las Cruces, debido a que el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar, y el policía comunitario Israel Reyes Cruz no alcanzaban fianza, a diferencia de los cuatro restantes, a quienes el MP federal fijó una caución para recuperar su libertad.

No obstante, la PGR decidió liberar “bajo reservas de ley” a los seis integrantes de la CRAC, debido a que no se acreditó el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército y tampoco pudo demostrar que el ingreso de los policías comunitarios al puerto puso en riesgo a la sociedad, indicó Rosales.

Fuente: PROCESO

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