En
el valle de San Quintín, municipio de Ensenada, Baja Californio, los
trabajadores agrícolas han decidió luchar resueltamente contra las condiciones
inhumanas impuestas por el gran capital rural. Se trata, en realidad, de las
mismas condiciones laborales imperantes durante la dictadura porfirista y hoy
reforzadas por la nefasta ley federal del trabajo aprobada por el presidente
neoliberal Enrique Peña Nieto: bajos salarios, agotadoras jornadas laborales,
faena por tiempo definido, discriminación racial, acoso sexual a las mujeres
por parte de los capataces, trabajo
infantil, enfermedades pulmonares provocadores por los agroquímicos,
pésima alimentación, hacinamiento en casas de hule y palos, tiendas de raya y
nulo respeto a los derechos más elementales (educación, salud, prestaciones,
organización independiente). Las condiciones laborales vigentes en San Quintín
son la expresión más contundente de la flexibilidad y la precarización del
trabajo agrícola que, siendo objetivos, no distan mucho de las padecidas por
los asalariados del resto de las actividades productivas. La precarización
laboral tiene como principal objetivo multiplicar el capital, o sea, aumentar
las ganancias de los capitalistas a costa de intensificar la explotación de los
trabajadores.
Las
inaguantables cláusulas laborales existentes en San Quintín fueron la causa profunda
que obligaron a los “peones acasillados”, unificados en la Alianza de
Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, a levantar
y de vida. El 17 de marzo, en un acto lleno de valor y coraje proletario, los
trabajadores agrícolas se declararon en paro general de labores y tomaron 120
kilómetros de la carretera Transpeninsular por 26 horas repeliendo, en varias
ocasiones, las acometidas represivas de los cuerpos policiacos. Presentaron,
además, sus demandas esenciales para conseguir convenios de trabajo mínimamente
humanos: salario de 200 pesos diarios o el pago de 20 pesos por caja en la
pizca a destajo; seguridad social; pago de horas extras, días festivos y
séptimo día; prohibición del trabajo infantil; revocación de los contratos
laborales en manos de la CTM y la CROC; libre asociación sindical; respecto a
las trabajadoras; cancelación de las medidas represivas e
intimidatorias contra los trabajadores y sus
dirigentes, cumplimiento de los
derechos humanos : En otra palabras, los trabajadores del campo
reclamaron el respecto y el cumplimiento del
artículo 123 en particular y de la Constitución Política en general.
Los
empresarios capitalistas aglutinados en el consejo Agrícola de Baja California,
contando, en todo momento, con el apoyo
incondicional del gobernador panista y, por supuesto, del gobierno federal, se han negado a aceptar las
peticiones de los trabajadores tachándolas de “inviables”, o peor aún, de
“irracionales”. Pero además, los empresarios y los sindicatos priístas dieron a
conocer la firma de nuevas condiciones contractuales, las cuales incluyen un
incremento del 15% a los salarios, o sea elevar los salarios de alrededor de
110-130 pesos diarios a 150 pesos. Así pues, los capitalistas del campo
decidieron mantener prácticamente el mismo sistema draconiano de trabajo,
cuando sus capitales crecen sin cesar mediante la ayuda ilimitada del gobierno,
la explotación de la mano de obra esclava y la explotación de sus productos
(pepino, fresa, tomate, mora) al mercado norteamericano, europeo y asiático.
La
respuesta contundente de los “condenados de la tierra” a los “exitosos hombres
de negocios” no se hizo esperar: la oferta de los terratenientes “ Es una burla
a los trabajadores”, no aceptaremos “más salarios de hambre”. Por lo tanto, el
combate por la justicia laboral continúa en los campos de Baja California.
El
apoyo de diversas fuerzas políticas y sociales al movimiento de los jornaleros
agrícolas de San Quintín tampoco se hizo esperar. De inmediato, organizaciones
campesinas del vecino país del Norte salieron a las calles para manifestar su
solidaridad con las demandas de los asalariados reducidos a “peones de
hacienda”. Incluso, la AFL-CIO, la central de los trabajadores más influyente
de estados Unidos, declaró de manera rotunda: la Alianza de Organizaciones por
la Justicia Social representa alrededor de 80 mil trabajadores agrícolas, lo
que no ocurre, en los hechos, con los sindicatos controlados por la CTM y la
CROC.
Así
mismo, en nuestro país, numerosos grupos de campesinos, obreros, intelectuales,
periodistas, maestros, estudiante, colonos, vendedores ambulantes, ONGs han
expresado de muy diversas formas, sus simpatías hacia la lucha de los más
pobres entre los pobres de las amplias masas de asalariados: los jornaleros agrícolas
de Baja California, entre los cuales, por cierto, la inmensa mayoría son
indígenas provenientes de otros estados de la República. Esta lucha laboral,
por consiguiente, forma parte del amplio horizonte de la resistencia organizada
por el “México profundo” contra las políticas neoliberales de la clase dominante
y dirigente.
Sin
embargo, cientos de jornaleros han regresado al trabajo (bajo protesta) para
salvar las cosechas pero, sobre todo, por las amenazas y provocaciones
articuladas por los empresarios, las autoridades de los tres niveles de
gobierno y los dirigentes charros del PRI, Dejando claro que, de manera
definitiva, seguirán en la lucha utilizando otros medios.
Mientras
tanto más de 400 jornaleros agrícolas realizaron un recorrido por las principales
ciudades del estado para explicar las razones de su movimiento y conseguir la
solidaridad del pueblo de Baja California a sus demandas. Ante la cerrazón de
los terratenientes y las autoridades estatales y municipales, el mismo grupo de
trabajadores inició un plantón indefinido en el centro Cívico de Mexicali para
emplazar al Secretario de Gobernación a un diálogo directo con la Alianza de
Organizaciones por la Justicia Social, con el único objetivo de encontrar una
salida apropiada a sus justas peticiones sociales y laborales. El funcionario
público, no obstante, guarda absoluto silencio: nove ni escucha la impotente
refriega dirigida por el proletariado agrícola.
La
rebelión de los trabajadores agrícolas de Baja California, que tiene semiparalizado el valle de San Quintín
desde hace tres semanas, forma parte medular de la inconformidad imperante en
varias clases sociales y facciones de clase contra las reformas estructurales
de corte neoliberal impuestas por el
gobierno espurio de Peña Nieto y los capitalistas nacionales y
extranjeros. El Entreguista y antimexicano Peña Nieto, sin duda alguna, sigue
recibiendo abundantes “medallitas” por defender y promover bastante bien los
intereses del capital en detrimento de las necesidades más apremiantes de la inmensa
mayoría popular.
Las formaciones políticas integradas en el Movimiento
Amplio de Organizaciones Sociales (MAOS) apoyamos amplia y decididamente el cómbate
desplegado por los compañeros jornaleros del valle de San Quintín agrupados en
la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social. Desde el MAOS estamos
trabajando para orienta las resistencias populares no sólo contra el modelo
neoliberal, sino contra el sistema capitalista en su conjunto. Los trabajadores
y sus aliados tenemos la tarea de luchar contra la dominación de la burguesía y
su Estados para conquistar el poder político e iniciar la construcción de una
sociedad de nueva democracia con dirección al socialismo y al comunismo.
¡La
rebelión de los jornaleros agrícolas se justifica!
¡Contra
la criminalización de la lucha social!
¡Libertad
a los presos políticos!
¡Vivos
de los llevaron, vivos los queremos!
¡Ante
la farsa electoral: promover, desarrollar y organizar la lucha popular!
¡Luchar
por demandas en función del poder!
¡Por
un gobierno democrático popular!
Movimiento
Amplio de Organizaciones Sociales
(MAOS)
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