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Organización  Política  Proletaria OPP

22 abr. 2015

LA REBELIÓN DE LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS CONTRA LA ESCLAVITUD

En el valle de San Quintín, municipio de Ensenada, Baja Californio, los trabajadores agrícolas han decidió luchar resueltamente contra las condiciones inhumanas impuestas por el gran capital rural. Se trata, en realidad, de las mismas condiciones laborales imperantes durante la dictadura porfirista y hoy reforzadas por la nefasta ley federal del trabajo aprobada por el presidente neoliberal Enrique Peña Nieto: bajos salarios, agotadoras jornadas laborales, faena por tiempo definido, discriminación racial, acoso sexual a las mujeres por parte de los capataces, trabajo  infantil, enfermedades pulmonares provocadores por los agroquímicos, pésima alimentación, hacinamiento en casas de hule y palos, tiendas de raya y nulo respeto a los derechos más elementales (educación, salud, prestaciones, organización independiente). Las condiciones laborales vigentes en San Quintín son la expresión más contundente de la flexibilidad y la precarización del trabajo agrícola que, siendo objetivos, no distan mucho de las padecidas por los asalariados del resto de las actividades productivas. La precarización laboral tiene como principal objetivo multiplicar el capital, o sea, aumentar las ganancias de los capitalistas a costa de intensificar la explotación de los trabajadores.

Las inaguantables cláusulas laborales existentes en San Quintín fueron la causa profunda que obligaron a los “peones acasillados”, unificados en la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, a levantar y de vida. El 17 de marzo, en un acto lleno de valor y coraje proletario, los trabajadores agrícolas se declararon en paro general de labores y tomaron 120 kilómetros de la carretera Transpeninsular por 26 horas repeliendo, en varias ocasiones, las acometidas represivas de los cuerpos policiacos. Presentaron, además, sus demandas esenciales para conseguir convenios de trabajo mínimamente humanos: salario de 200 pesos diarios o el pago de 20 pesos por caja en la pizca a destajo; seguridad social; pago de horas extras, días festivos y séptimo día; prohibición del trabajo infantil; revocación de los contratos laborales en manos de la CTM y la CROC; libre asociación sindical; respecto a las trabajadoras;      cancelación de las medidas represivas e intimidatorias contra los trabajadores y sus  dirigentes, cumplimiento de los  derechos humanos : En otra palabras, los trabajadores del campo reclamaron el respecto y el cumplimiento del  artículo 123 en particular y de la Constitución Política en general.

Los empresarios capitalistas aglutinados en el consejo Agrícola de Baja California, contando, en todo momento, con el  apoyo incondicional del gobernador panista y, por supuesto, del  gobierno federal, se han negado a aceptar las peticiones de los trabajadores tachándolas de “inviables”, o peor aún, de “irracionales”. Pero además, los empresarios y los sindicatos priístas dieron a conocer la firma de nuevas condiciones contractuales, las cuales incluyen un incremento del 15% a los salarios, o sea elevar los salarios de alrededor de 110-130 pesos diarios a 150 pesos. Así pues, los capitalistas del campo decidieron mantener prácticamente el mismo sistema draconiano de trabajo, cuando sus capitales crecen sin cesar mediante la ayuda ilimitada del gobierno, la explotación de la mano de obra esclava y la explotación de sus productos (pepino, fresa, tomate, mora) al mercado norteamericano, europeo y asiático.

La respuesta contundente de los “condenados de la tierra” a los “exitosos hombres de negocios” no se hizo esperar: la oferta de los terratenientes “ Es una burla a los trabajadores”, no aceptaremos “más salarios de hambre”. Por lo tanto, el combate por la justicia laboral continúa en los campos de Baja California.

El apoyo de diversas fuerzas políticas y sociales al movimiento de los jornaleros agrícolas de San Quintín tampoco se hizo esperar. De inmediato, organizaciones campesinas del vecino país del Norte salieron a las calles para manifestar su solidaridad con las demandas de los asalariados reducidos a “peones de hacienda”. Incluso, la AFL-CIO, la central de los trabajadores más influyente de estados Unidos, declaró de manera rotunda: la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social representa alrededor de 80 mil trabajadores agrícolas, lo que no ocurre, en los hechos, con los sindicatos controlados por la CTM y la CROC.

Así mismo, en nuestro país, numerosos grupos de campesinos, obreros, intelectuales, periodistas, maestros, estudiante, colonos, vendedores ambulantes, ONGs han expresado de muy diversas formas, sus simpatías hacia la lucha de los más pobres entre los pobres de las amplias masas de asalariados: los jornaleros agrícolas de Baja California, entre los cuales, por cierto, la inmensa mayoría son indígenas provenientes de otros estados de la República. Esta lucha laboral, por consiguiente, forma parte del amplio horizonte de la resistencia organizada por el “México profundo” contra las políticas neoliberales de la clase dominante y dirigente.

Sin embargo, cientos de jornaleros han regresado al trabajo (bajo protesta) para salvar las cosechas pero, sobre todo, por las amenazas y provocaciones articuladas por los empresarios, las autoridades de los tres niveles de gobierno y los dirigentes charros del PRI, Dejando claro que, de manera definitiva, seguirán en la lucha utilizando otros medios.

Mientras tanto más de 400 jornaleros agrícolas realizaron un recorrido por las principales ciudades del estado para explicar las razones de su movimiento y conseguir la solidaridad del pueblo de Baja California a sus demandas. Ante la cerrazón de los terratenientes y las autoridades estatales y municipales, el mismo grupo de trabajadores inició un plantón indefinido en el centro Cívico de Mexicali para emplazar al Secretario de Gobernación a un diálogo directo con la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social, con el único objetivo de encontrar una salida apropiada a sus justas peticiones sociales y laborales. El funcionario público, no obstante, guarda absoluto silencio: nove ni escucha la impotente refriega dirigida por el proletariado agrícola.
   La  rebelión de los trabajadores agrícolas de Baja California, que  tiene semiparalizado el valle de San Quintín desde hace tres semanas, forma parte medular de la inconformidad imperante en varias clases sociales y facciones de clase contra las reformas estructurales de corte neoliberal impuestas por el  gobierno espurio de Peña Nieto y los capitalistas nacionales y extranjeros. El Entreguista y antimexicano Peña Nieto, sin duda alguna, sigue recibiendo abundantes “medallitas” por defender y promover bastante bien los intereses del capital en detrimento de las necesidades más apremiantes de la inmensa mayoría popular.

Las formaciones políticas integradas en el Movimiento Amplio de Organizaciones Sociales (MAOS) apoyamos amplia y decididamente el cómbate desplegado por los compañeros jornaleros del valle de San Quintín agrupados en la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social. Desde el MAOS estamos trabajando para orienta las resistencias populares no sólo contra el modelo neoliberal, sino contra el sistema capitalista en su conjunto. Los trabajadores y sus aliados tenemos la tarea de luchar contra la dominación de la burguesía y su Estados para conquistar el poder político e iniciar la construcción de una sociedad de nueva democracia con dirección al socialismo y al comunismo.


¡La rebelión de los jornaleros agrícolas se justifica!

¡Contra la criminalización de la lucha social!

¡Libertad a los presos políticos!

¡Vivos de los llevaron, vivos los queremos!

¡Ante la farsa electoral: promover, desarrollar y organizar la lucha popular!

¡Luchar por demandas en función del poder!

¡Por un gobierno democrático popular!


Movimiento Amplio de Organizaciones Sociales

(MAOS)


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