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Organización  Política  Proletaria OPP

2 may 2014

TODO POR QUE NO SE DIFUNDA LA REALIDAD

             

 La criminalización a radios comunitarias y comunicadores populares, continúa siendo una constante en México. Prueba de ello es que dos mujeres del estado de Veracruz, fueron arrestadas y actualmente están siendo juzgadas por su actividad informativa. Paola Ochoa y Alma Delia Olivares tendrán que responder penalmente por utilizar una frecuencia [de radio] sin autorización.

Alma Delia Olivares trabajaba como comunicadora en la emisora “La Cabina”, en el municipio de Omealca, Veracruz. Como no había ningún medio de comunicación expresando los acontecimientos de su región, Alma y algunos amigos abrieron la radio, que pronto se convirtió en referencia para la comunidad, transformándose en un medio donde se podían debatir temas vinculados a la política y hasta cuestionar las decisiones del presidente municipal. La radio llamó la atención de las autoridades locales y el 28 de febrero Alma fue detenida y llevada a la cárcel de mujeres de El Rincón, en Tepic, Nayarit, donde estuvo presa cinco días. Su delito: "contaminación auditiva"(¿?), delito inexistente en la legislación mexicana, el cual posteriormente se reclasificó como "uso indebido de un bien de la nación". La comunicadora fue liberada bajo fianza, y luego de pagar 25 mil pesos podrá responder al proceso en libertad. La radio fue cerrada tras un procedimiento administrativo contemplado en Ley Federal de Radio y Televisión, que establece como sanción una multa, en este caso de 29 mil pesos.

El otro caso, el de Paola Ochoa es todavía más antiguo. En 2009, la comunicadora de “Radio Identidad” fue detenida por trabajar en un medio que se convirtió en un espacio ciudadano donde la población podía exigir que políticos rindieran cuentas de sus responsabilidades. Paola y dos empleados de la radio fueron detenidos. Inicialmente, ella fue incorporada al proceso en calidad de testigo, pero más tarde fue sindicada como acusada. La sentencia, dictada por el Tribunal Unitario de Circuito, fue expedida este año sancionándola con dos años de prisión, el pago de una multa y la pérdida de sus derechos civiles y políticos por el uso de frecuencias radioeléctricas sin autorización.

La Asamblea Nacional integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias -Amarc-México- denuncia que Alma y Paola se unen a Juan José Hernández, de Veracruz; a Héctor Camero, de Monterrey, Nuevo León; y a una extensa lista de comunicadores que responden penalmente por atreverse a abrir una radio y practicar la libertad de expresión. AMARC-México “rechaza categóricamente el uso abusivo del derecho penal para sancionar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión pues las radios comunitarias, como lo señala la ONU, son medios que posibilitan a las comunidades expresarse y contribuyen a la construcción de la democracia en el país”. 

Fuente: Adital              

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