CONTINUAN LOS INTENTOS POR PRIVATIZAR EL AGUA

Con la supuesta intención de conocer la opinión de los expertos, servidores públicos, académicos, organizaciones civiles, y sociedad mexicana, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Diputado Federal del PRD por Tabasco en la Legislatura LXII, afirma que ha realizado diversos foros para “recabar aportaciones” en la elaboración de una nueva Ley General de Aguas. Al respecto reproducimos la correspondencia de Ricardo Ovando Ramírez, integrante de la Secretaría de Acción Social del Sistema de Agua Potable de Tecámac, estado de México, AC, y de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), publicado el 15/03/2014 en la sección El Correo Ilustrado del diario La Jornada.

   “Somos miembros de un sistema ciudadano de autoabasto de agua denominado Sistema de Agua Potable de Tecámac, estado de México, AC. Nos llamó la atención la aclaración hecha por el diputado Gerardo Gaudiano, en el sentido de que ha realizado y se realizarán foros de consulta con la gente para recabar opiniones y cumplir el mandato de elaborar una nueva Ley General de Aguas, acorde con el derecho humano al líquido, incorporado a nuestra Carta Magna el 8 de febrero de 2012. Pues bien, a pesar de que en nuestro país existen más de 2 mil 500 sistemas ciudadanos de autoabasto de agua potable, por lo menos nosotros no hemos sido invitados ni tomados en cuenta en los foros que menciona el diputado Gaudiano; más bien y al contrario, han sido los integrantes de la campaña Agua para Todos, Agua para la Vida, quienes sí han mostrado apertura y han escuchado nuestras opiniones en la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas que han elaborado y que, consideramos, sí promueve e impulsa el derecho humano al recurso.

   Conocemos el borrador de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mencionado por el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso, en el cual se dice, artículo octavo, que la propiedad del líquido corresponde originalmente al Estado, cuando el artículo 27 de nuestra Constitución señala que la propiedad del agua corresponde originariamente a la nación; es decir, a los pueblos y comunidades de México y no a su gobierno. Lo anterior es un botón de muestra, entre muchos, que desenmascara la inconstitucionalidad del borrador.”

Resulta evidente que a los diputados integrantes de la LXII Legislatura Federal les urge allanarle al titular del ejecutivo federal el camino hacia la privatización del agua. Al depositar en manos del Estado la propiedad originaria del vital líquido, además de violar nuestra Carta Magna, le allegan instrumentos legaloides para que éste, a través de su titular, proceda a su enajenación en favor de particulares.

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