COLIMA, Col. (apro).- Ante la falta de respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la comunidad indígena de Zacualpan y el grupo ambientalista Bios Iguana pidieron la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para poner fin a la “ola de violencia institucional” que han sufrido comuneros y activistas opositores al proyecto de explotación de una mina de oro en esa comunidad del municipio de Comala.
A través de una queja urgente interpuesta ante Michael Forst, Relator Especial de la ONU para los Defensores de Derechos Humanos, la organización social y la directiva comunal de Zacualpan denunciaron “la grave situación de represión, amenazas de muerte, hostigamiento, calumnias, violencia física y ataques en nuestros hogares”.
Para la interposición de su recurso, los quejosos tomaron como base el informe del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, quien consideró “absolutamente necesario que los Estados adopten las medidas necesarias para garantizar el derecho de los pueblos y las personas indígenas a expresar pacíficamente su oposición a los proyectos extractivos, así como de expresarse de otros asuntos libres de todo acto de intimidación y violencia o de cualquier forma de represalia”.
Firmado por Guadalupe Carpio Rincón, Epitacia Zamora Teodoro y Olivia Teodoro Aranda, integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, y Esperanza Salazar Zenil, coordinadora de Bios Iguana, el documento de queja responsabiliza a autoridades municipales, estatales y federales de actos de represión contra quienes durante el último año han rechazado el proyecto minero, así como de haber provocado la división y fractura interna de la comunidad.
A principios de este año, apunta, la asamblea comunal de Zacualpan decidió destituir al comisario de Bienes Comunales, Carlos Guzmán, acusado de corrupción, mal manejo de recursos federales destinados a la comunidad, intentos de soborno y compra de voluntades con el fin de dividir a la población, confundirla y con ello facilitar la imposición del proyecto minero de la empresa Gabfer SA de CV, cuyo titular es Rigoberto Verduzco Rodríguez.
El intento de imposición de la mina, refiere, se realizó “en total contubernio con la delegada de la Procuraduría Agraria en el estado, María Elena Díaz Rivera, con el apoyo pleno de distintos funcionarios de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de diversos legisladores locales, quienes en conjunto se han vuelto fieles promoventes de la actividad minera, a la vez que son omisos al cumplimiento de las leyes nacionales y convenios internacionales, dando total preferencia al interés privado por encima del interés de los pueblos indígenas”.
De acuerdo con comuneros y activistas, a raíz de la destitución de Guzmán y del movimiento contra la mina, esos actores públicos y privados han fomentado e impulsado en los últimos meses “actos de intimidación, amenazas de muerte, represión, chantajes, hostigamiento, calumnias e ilegalidades, entre otras acciones, contra el pueblo indígena de Zacualpan, lo que ha agudizado el clima de violencia, llegando ésta a las agresiones físicas y psicológicas contra el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y Bios Iguana”.
Aunque es la primera vez que denuncian esta situación ante una instancia internacional, refirieron que desde hace varios meses “todos estos hechos han sido denunciados ante la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos (Expediente número 375/2014) y ante el Mecanismo de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Exp 113/2014D.O) sin tener respuesta”.
Fuente Proceso
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